Los profesionales del distrito 22@ reivindican que la situación será especialmente complicada a las zonas tensionadas, donde ya existe escasez de inmuebles de uso residencial

Se trata de una ley ambiciosa que pretende alcanzar diferentes ámbitos del mercado inmobiliario y que no ha tardado en despertar especial desconfort entre los profesionales del sector, especialmente con relación al alquiler de inmuebles. 

Enric Urreta, Presidente del 22@Network BCN, la asociación empresarial del 22@ de Barcelona, argumenta que en el distrito, la opinión popular, incluso entre propietarios, es que la carencia de vivienda accesible a precios razonables es “un problema real, muy grave e insostenible” el cual “se tendría que haber acometido hace ya mucho tiempo”.

Así mismo, el sector opina que la nueva ley no será la solución, puesto que esta se centra a dar respuesta a corto plazo a las problemáticas actuales, como es la exclusión de los inquilinos del mercado residencial, en vez de abordar “la raíz del problema y atacar las casuísticas” que han llevado al mercado hasta el escenario presente.

CLAVES PRINCIPALES 

Uno de los puntos más importantes de esta nueva ley es la declaración de “zona tensionada” a aquellas áreas donde confluyan dos condiciones: que en la zona en cuestión el coste de la hipoteca o el alquiler mensual supere el 30% de la renta mediana; y que el precio de venta o alquiler de la vivienda haya aumentado 3 puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración de área tensionada. Dependerá de los gobiernos autonómicos declarar este tipo de zonas y les permitirá aplicar limitaciones al precio del alquiler. 

Una de las medidas más polémicas ha sido la de poner límite a la actualización anual de los alquileres y la desvinculación del IPC. Concretamente, el límite será del 3% cuando actualmente es del 2%. Además, las comisiones inmobiliarias a partir de ahora las pagará el propietario. 

La ley también incluye medidas para el impulso de vivienda pública, garantizar una mejor protección ante los desalojos y mejorar las relaciones entre las partes de un contrato de arrendamiento. Todo ello hace una nueva distinción entre grandes tenedores y pequeños propietarios. 

DISCREPANCIAS DEL SECTOR

Entre los socios del 22@Network BCN, gestoras e inmobiliarias del distrito como Armadans Sancho, defienden que las consecuencias de la norma solo serán buenas para los inquilinos que a estas alturas tengan un contrato en vigor, puesto que la subida de precios se contendrá y los alquileres pueden bajar en las zonas que sean declaradas tensionadas. 

Por otro lado, Manuel Sancho, Socio Director de Armadans Sancho, argumenta que la nueva ley “no mejora las garantías de cobro, no agiliza los procesos judiciales y tampoco plantea ninguna protección contra los daños que algunos causados a las viviendas”, hecho que convierte la elección del futuro inquilino en un factor clave para los propietarios.

Desde el sector, además, se considera que la ley no genera alicientes para los grandes propietarios para incrementar la oferta, por lo cual resulta razonable pensar que por esta se mantendrá o disminuirá. Por el contrario, hay que considerar que el pequeño propietario podría obtener una motivación fiscal para mantener la oferta de alquiler y rebajar precios que la bonificación del impuesto sobre la renta, que pasa del 50% general al 90%, una cuestión innovadora de la Ley–si los contratos de alquiler se formalizan con una duración de diez años o se rebaja el alquiler–pero que puede tener un recorrido muy corto porque el inquilino no tiene ninguna obligación de cumplir la duración del contrato, pudiéndose rescindir unilateralmente. 

En definitiva, desde el sector no hay la percepción que la Ley mejore la situación del mercado de alquiler. Contrariamente, los futuros inquilinos se enfrentan a una oferta que despacio será menor y a unos requisitos de solvencia cada vez mayores. A los actuales propietarios les será más difícil hacer justificables los costes de mantenimiento y actualización de las viviendas ofrecidas, que al quedar obsoletos una gran parte, derivarán al mercado de venta.

FOCO SOBRE BARCELONA: 22@

La Asesoría Rangel argumenta que, teniendo en cuenta que Barcelona será una de las declaradas áreas tensionadas, la situación en el distrito 22@ puede ser “especialmente complicada dada la falta de vivienda libre disponible”. 

Eva G. Rangel, Socia fundadora y Directora Ejecutiva de la Asesoría Rangel, declara que ante la aprobación de la norma “muchos propietarios están valorando el hecho de vender antes de volver a alquilar”, puesto que esta ley limita el precio de alquiler que brinda un mercado libre, “el cual se regula entre la oferta y la demanda”. Por lo tanto, según la asesoría, es probable pensar que trás la aprobación de la Ley todavía haya menos vivienda de alquiler disponible.

De hecho, esta cuestión ha sido reivindicada por la asociación en reiteradas ocasiones recientemente aprovechando el contexto electoral. Concretamente, la demanda del 22@Network BCN ante los alcaldables ha sido la de promover el uso residencial para garantizar la vivienda a los trabajadores del distrito. 

Enric Urreta, presidente de la entidad, remarca la necesidad de abordar de forma urgente esta problemática. Por este motivo, la asociación propone una serie de medidas, las cuales ejecutadas en su conjunto, fomentarían el incremento de la disponibilidad de viviendas en el mercado de alquiler y garantizarían la estabilidad de los precios. 

Entre las propuestas más destacadas, el 22@Network BCN enfatiza: estudiar la flexibilidad de licencias, garantizando la seguridad jurídica, que permita cambios ágiles de las actividades o usos de los espacios sin penalizar este cambio si se produce entre el uso residencial y de oficina; incrementar el suelo disponible por la construcción de vivienda libre, mejora que pertenece a las competencias del futuro consistorio; materializar la oferta de vivienda social establecida por la última MPGM del 22@; generar y promover las condiciones porque el coliving acontezca una realidad; defender de forma efectiva la propiedad privada de los propietarios ante la inseguridad y el miedo a la okupación de sus activos.

La asociación advierte que la iniciativa del gobierno central y la inacción de las administraciones locales y autonómicas no ayudará a la zona 22@ acontezca un espacio donde vivir y trabajar. En una zona tan llena de vida profesional y empresarial, los trabajadores de estas empresas continuarán sin poder disfrutar de una oferta suficiente de vivienda.